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En democracia. Respeto por los derechos de todos

Fernando Queijo | Montevideo

@| \”Para ser sincero, debo decir que no soy un gran usuario de los servicios postales. El correo electrónico y eventualmente el fax normalmente cumplen todos los requisitos que me hacen falta para mantener totalmente fluidos mis contactos tanto en el ámbito nacional como en el extranjero.

Sin embargo, hace unos pocos días me vi en la necesidad de enviar una carpeta bastante abultada de documentos a los Estados Unidos. En razón de que eran papeles bastante intrascendentes, sin valor intrínseco real, y no había urgencia en su arribo a destino, consideré adecuado mandarlos por correo certificado, que resulta mucho más económico que un courier. Preparé un grueso sobre de papel Manila, y aprovechando que debía hacer otros trámites en la Ciudad Vieja, me llegué hasta las oficinas del Correo en la calle Misiones. Al llegar, encuentro a varias personas protestando y discutiendo entre sí frente a la puerta de acceso.

Me enteré entonces que todo el sistema estaba trancado (ni se repartía ni se enviaba correspondencia) y que había toneladas de sobres y paquetes apilados en alguna parte esperando para ser distribuidos algún día, cuando se levantara el conflicto.

Eso, lógicamente, si a esa altura aún quedara algo de ellos, ya que, aprovechando la desorganización y descontrol, habrá muchas manos tomando lo que no deben, y también tendremos las consecuencias de la humedad, del destructivo manoseo y apilamiento descuidado, etc.

Alguien allí mencionó que entre varios perjudicados habían acordado iniciar una acción penal contra los funcionarios, puesto que su actitud es francamente delictiva y está prevista en el Código Penal. Opiné que me parecía muy correcto hacerlo, agregando incluso que además era viable la correspondiente acción civil por daños y perjuicios en muchos de los casos. Agregué también que no obstante la validez jurídica de las acciones planteadas, ello no dejaría de ser una pérdida de tiempo, ya que la Justicia se resistiría a adoptar resoluciones contra las fuerzas sindicales, que parecen ser grupos supragubernamentales que pueden actuar impunemente, por lo que buscarían los medios -ya legítimos, ya no tan legítimos- para que las denuncias fueran desechadas.

Quedé pensando mucho sobre esto. Reconozco que todo gremio, todo grupo humano para ser más amplio, tiene el legítimo derecho a reclamar por lo que es justo, y mucho más cuando ello se refiere a sus salarios. Sin embargo, también entiendo que los derechos de alguien tienen una barrera infranqueable en el punto en que comienzan los derechos de los demás.

Concepto, este último, que viene siendo aplastado y desconocido por los sindicatos, por la propia cúpula del Pit-Cnt, y por los jerarcas del gobierno actual, que les han facilitado y respaldado su vuelo desde hace ya mucho tiempo.

Si el derecho a la huelga o al conflicto es legítimo, no lo es y se convierte en algo perverso y vil cuando en el ejercicio del mismo se lesionan los derechos de muchos ciudadanos. Los paros continuos en la salud, en la enseñanza, e incluiría en el paquete hasta el propio transporte colectivo, son atentatorios contra la integridad, la vida y el medio de vida de las personas, son atentatorios contra normas constitucionales y legales, y como tales deberían ser vistos y por tanto sancionados.

Y esto no es un concepto o doctrina `gorila` o antidemocrática. Todo lo contrario. Es el respeto por la democracia y la defensa que ella puede ejercer contra la `dictadura del proletariado`, que tan bien calificó el propio Marx: `dictadura`. O sea la esencia de la antidemocracia. Veo oscuros horizontes para nuestro porvenir si no comenzamos a pensar que todos formamos parte de la sociedad, y que es más loable unirnos para ayudarnos mutuamente que agredirnos para obtener beneficios o reivindicaciones personales\”.

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