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Mala tos le siento al gato

Roberto Calvo | Colonia

@|En el Presupuesto que fue votado recientemente en Diputados por el oficialismo más uno, el Estado se reserva el derecho de decidir cuáles juicios perdidos (por encima de determinado monto) terminará pagando y cuáles no.

Más allá del daño que se hace al Estado de derecho y del grave perjuicio que ocasionará a la futura inversión, existen otros aspectos de esta ley que la hacen más tenebrosa aún.

La discrecionalidad absoluta a la que queda librado el gobierno por el mamarracho votado.

No queda estipulado un mecanismo igualitario para tratar a los distintos acreedores que hayan ganado un juicio.

Si en el próximo Presupuesto se destina un monto de dinero para los juicios perdidos, no sabemos si se les pagará en forma de prorrata, o se les pagará por orden de antigüedad, o según las necesidades del servicio afectado, o por las características del acreedor.

En unos gobiernos que vienen privilegiando amigos en los grandes negocios, sobre todo vinculados a Venezuela y la petrolera, creemos que algo de transparencia es por lo menos lo mínimo que se puede pedir.

Como empleado judicial estoy seguro de una cosa. Si las empresas que cultivaron marihuana ayudando al gobierno de Mujica (y que pueden quedar sin negocio por la restrictiva bancaria) o las que alquilan los famosos POS y ayudaron al gobierno de Vázquez (que pueden verse perjudicadas en su negocio por el referéndum contra la Inclusión Financiera) hacen juicios al Estado, no dudamos en que cobrarán primero que nosotros. Y no nos dejarán ni las migas del banquete.

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