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Resurrección De la Constitución

Fernando Queijo | Montevideo

@| \”Desde el ataúd dentro del que ya hace algún tiempo había sido sepultada, la Constitución comienza a dar nuevas señales de vida.

El Poder Judicial, ese tercer poder del Estado de Derecho, que parecía aletargado e ignorado por los caprichos y venganzas de un Ejecutivo envalentonado por sus mayorías legislativas, retoma su papel defensor del sistema republicano, y con solamente dos resoluciones, una de ellas simplemente administrativa y otra absolutamente jurídica, dictadas en forma casi simultánea, se ha convertido en el centro de la opinión pública y de las discusiones políticas.

El traslado de la Dra. Mota desde la órbita penal a la civil ha sido objeto las más diversas conjeturas y opiniones. Muchas de ellas, específicamente las provenientes desde esferas del gobierno frenteamplista y sus adláteres, como la cúpula sindical, han sido agraviantes para con la Corporación, llegando al extremo de que un grupo de personas, azuzadas por algunos referentes políticos del sector, invadieron la sede de la misma, en una asonada vergonzosa cuyos culpables espero que sean enérgicamente sancionados.

Obviamente, existen muchas formas de actuar frente a las situaciones que a diario se nos presentan. Si bien hubo algunos reclamos, entre otros un pronunciamiento del Colegio de Abogados del Uruguay en su contra, nadie rasgó sus vestiduras cuando la referida juez manifestó su no reconocimiento al principio legal de no autoincriminación, o cuando se hizo presente en la `marcha del silencio`, hechos injustificables que hubieran merecido su inmediata destitución, y no su traslado. Queda manifiesta una gran magnanimidad por parte de la Corporación, que no la sanciona ni degrada en su función.

La otra resolución, estrictamente jurídica y prevista hasta por miembros del Ejecutivo que ya lo advirtieron oportunamente, fue la declaración de inconstitucionalidad del ICIR, esa fórmula caprichosa e ilegal de sustraer dinero de los bolsillos de los ciudadanos más pudientes para continuar alimentando un gasto público descontrolado y que parece no tener fin.

Claro que los problemas con la SCJ no acabarán aquí. Vienen llegando atrás otras resoluciones que se ven como inevitables cuando, como debe ser, lo jurídico se impone sobre el antojo político o el discurso populista.

Varios fallos de inconstitucionalidad son inminentes: el IASS; la ley que permitió la liquidación de Pluna y produjo las maniobras aún no esclarecidas asociadas al remate de las aeronaves; la ley 18.131 interpretativa de la Caducidad… por mencionar algunas. En el caso particular de esta última debería mencionarse el agravante de haber sido absolutamente antidemocrática, al avasallar lo pautado por dos veces en las urnas por la ciudadanía, en lo que se podría llegar a considerar un golpe de Estado legislativo haciendo uso y abuso de las mayorías tan equivocadamente otorgadas por el pueblo.

Y si nos pusiéramos a estudiar inconstitucionalidades, aunque nadie reclame por ellas, la lista podría llegar a ser muy extensa. Un ejemplo. El Art. 22 de la Carta es violado por la ley 18.494 de Control y Prevención de Lavado de Activos, votada en el anterior mandato presidencial, al desconocerse en ella los principios de `acusación de parte` y de `presunta inocencia` y promover las pesquisas secretas. Si el fin deseado es bueno y conveniente en sí mismo, no lo son los medios postulados.

Admitir que `el fin justifica los medios`, de la misma forma que admitir que `lo político se impone por sobre lo jurídico`, es ajusticiar vilmente todos los principios de democracia y republicanismo de los que podemos enorgullecernos.

Supongo que el Presidente, en ese errático cavilar que lo caracteriza, va a tener que pensar muy bien en el proyecto de reforma constitucional que ya ha insinuado, puesto que si seguimos explorando, la mitad del texto debería ser modificado a los efectos de sostener la vigencia de una colección de leyes y decretos autoritarios y de corte totalitario que verticalizan el poder o que instituyen medios recaudatorios para sostener el constante despilfarro estatal\”.

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