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Situación de Ancap

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@| Ante las declaraciones del ex-presidente de Alur S.A., el actual senador oficialista Leonardo de León, del grupo del vicepresidente Raúl Sendic, quien reconoció que cuando gestionó la empresa subsidiaria de Ancap se modificaron retroactivamente sus porcentajes de ganancia por la venta de biocombustibles a Ancap, lo que causó mayores pérdidas al ente petrolero, hay varias reflexiones para realizar.

Cuando Ancap y el gobierno resolvieron comenzar a producir biocombustible fue para abaratar los costos del petróleo rebajando los combustibles con alcohol para evitar la importación del entonces muy caro petróleo. Resulta que ahora el petróleo bajó de precio y no solo que los mismos no bajan de precio, sino que suben, resulta que nos enteramos que es para pagar un biocombustible que nos resulta más caro que si no lo tuviéramos. Sólo con el fin de mantener una empresa estatal que actúa en el ámbito privado, que si el ente estatal al que pertenece no le pagara precios muy por encima del mercado, ésta daría quiebra en muy poco tiempo.

Si el Estado tiene que mantener empresas que actúan en el ámbito privado con una pérdida generada a una empresa estatal, queda claro que nuestros impuestos y los altos precios de los combustibles que pagamos tienen un desvío inapropiado, no por parte de Alur S.A. que defiende sus intereses como lo haría cualquier empresa privada, sino por la dirección de Ancap, que se provee de insumos y servicios millonarios en dólares en el ámbito privado sin licitaciones públicas.

Y lo que es peor aún, para sanear a la empresa privada, le ajusta los precios a la suba generando un costo extra con dos años de retroactividad, perjudicando claramente a Ancap, que en su paramétrica no había calculado dichos costos.

Estamos ante un caso que cada vez más complica a la dirección de Ancap y al gobierno por la cantidad de irregularidades que se van conociendo.

Lamentablemente esto cae en la primera parte de la frase preferida de Tabaré Vázquez: “Meteremos la pata, pero jamás la mano en la lata.”

De cualquier manera esta “metida de la pata” está prevista en la Constitución, de que si cargos políticos que perjudicaren el patrimonio del Estado, los responsables podrían tener que resarcir al Estado con sus propios bienes. Pero ya sabemos como funciona esto cuando hay mayorías que quieren tapar “las metidas de la pata”.

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